El crecimiento urbano hace referencia al proceso de construcción de infraestructura urbana que extiende el despliegue del ejido urbano del Partido de Luján. Teóricamente, este crecimiento se inicia con la planificación de la urbanización, el diseño del loteo en parcelas con vías de circulación (calles, avenidas y rutas), la construcción de infraestructura pública y despliegue de servicios públicos orientados a la instalación de edificios de viviendas, industrias, comercios, etc. y, finalmente, el inicio del proceso de comercialización de lotes y construcción edilicia. En tanto despliegue sobre un medio natural o antropizada para fines agropecuarios, este crecimiento tiene múltiples artistas e implicancias, desde los problemas por la sobreexplotación y/o contaminación de recursos hasta los efectos vinculados a impermeabilización del suelo.

El Partido de Luján experimenta este problema por su configuración espacial, fomentada por el crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires que llega hasta sus inmediaciones; así como resultado de un proceso histórico de territorialización que caracteriza al Partido de Luján como frontera entre la ciudad capital/puerto y el interior del país. Este fenómeno promueve un aumento de la demanda habitacional en un mercado acotado por la oferta, con poco espacio para la construcción y limitaciones legales para su crecimiento como resultando de una reglamentación del uso del suelo enmarcada en un Plan Regulador antiguo (ordenanza 1444 del año 1980 sobre el que se hicieron algunas modificaciones por “excepción” que no cambian el espíritu de la norma), y un Código de Ordenamiento Urbano aprobado pero aún no vigente), lo que genera una presión inmobiliaria creciente.

El ejido urbano del Partido de Luján no cuenta con la infraestructura necesaria para dar respuesta a tal presión, lo que resulta en un crecimiento desorganizado en áreas sin el despliegue de servicios públicos requeridos por normativa, menos con las condiciones requeridas para un buen vivir. En este contexto, la ciudad cabecera y las localidades crecen en densidad poblacional al tiempo que los precios de las viviendas y lotes en zonificación residencial aumentan desproporcionadamente (un departamento de 2 ambientes, 45mts2, en el centro de la ciudad tiene un precio en dólares semejante a los barrios medios-altos de los barrios porteños de Caballito, Colegiales o Palermo). Además, una importante cantidad de solicitudes de permisos para desarrollo de barrios cerrados están presentadas, de los cuales algunos ya existen y otros están construyendo los elementos básicos. Estos barrios no siempre cuentan con toda la infraestructura de servicios públicos (agua corriente, cloacas, gas natural, etc.) y dejan en manos del municipio la gestión de los residuos sólidos urbanos.

A su vez, el municipio no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar esa presión, al tiempo que tampoco genera los instrumentos administrativos que organicen este crecimiento. El Código de Ordenamiento Urbano lleva años en desarrollo y, para agosto de 2017, no cuenta con la aprobación en los organismos provinciales correspondientes; mientras el banco de tierras para vivienda no termina de reglamentarse (no existe en las actividades del área Tierra y Vivienda). Su respuesta es más de tipo pasiva, de observación e impotencia frente a un fenómeno global de urbanización que, sin la implementación de políticas activas, resulta en crecimientos desordenados de difícil remodelación a futuro (como puede verse en grandes zonas del conurbano). Muestra de ello son la falta de espacios verdes, la escasez de infraestructura escolar y hospitalaria, las dificultades para la realización de obras de infraestructura de servicios básicos, etc. Además, frente al despliegue de barrios cerrados, el municipio asume los gastos de recolección y tratamiento de RSU, y responde a las presiones para mejorar los accesos a tales predios (caminos rurales) dando prioridad por sobre otras necesidades.